Libertad de expresión ¿pública o privada?

La libertad de expresión como un valor democrático debe ser velada por el Estado.

Sabemos que el triunfo de Joe Biden en las elecciones del pasado noviembre es irrefutable, menos para Trump y sus seguidores de ultraderecha quienes sostienen que hubo un fraude electoral, mismo que no han podido defender en los tribunales.

Previo al discurso hecho por el todavía presidente Trump, hacía un llamado por Twitter a sus seguidores a asistir a Washington DC el día 6 de enero, convocándolos a defender a su país desafiando al Congreso, desde diciembre aseguraba “¡será salvaje!” aseguraba.

El día del discurso, sabedor que sus seguidores más radicales se encontraban reunidos en la capital, los incitó a marchar hacia el Capitolio para manifestarse, dijo: “Caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas”.

Después de ello vimos las imágenes de cientos de personas ingresando al Capitolio, destrozando lo que encontraban a su paso, logrando su cometido de forma momentánea, impedir que se certificara la victoria de Joe Biden.

En este contexto fue que la red social Twitter suspendiera de forma permanente la cuenta del presidente Trump con más de 88 millones de seguidores y con ello su mayor plataforma de comunicación con sus simpatizantes.

¿Fue censura? No, la red social es una organización privada la cual redacta sus normas y el usuario al hacer uso de ella, acepta seguirlas, en caso contrario la plataforma puede hacer uso de la suspensión de la cuenta. Trump al incitar a la violencia incumplió el contrato. Incluso le queda la cuenta oficial del presidente de los EEUU @POTUS.

Censura es por parte del Estado, donde impide que los ciudadanos puedan hacer una libre manifestación de ideas, como el caso de Julian Assange, quien desde hace años es solicitado por los Estados Unidos para enjuiciarlo por el caso de Wikileaks.

Otro caso de censura es el ejercido por el gobierno chino, que controla los medios de comunicación y de redes sociales, prohibiendo el uso de plataformas como Facebook o Twitter, por lo que el gobierno desarrolló sus propias redes sociales.

La libertad de expresión es un valor democrático que debe ser garantizado por el gobierno, no así por empresas privadas que pueden hacer uso de los contratos y dar por terminada la relación.