Función Pública inhabilita a 2 empresas del exdelegado del Gobierno de AMLO, Carlos Lomelí

El exdelegado del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Jalisco había sido señalado por supuesto conflicto de interés en licitaciones gubernamentales de medicamentos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este viernes sobre la inhabilitación de las empresas Lomedic y Laboratorios Solfrán, propiedad de Carlos Lomelí, exdelegado del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Jalisco.

Con esto, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fiscalía General de la República, así como a las empresas Productivas del Estado, gobiernos estatales y municipales no podrán acordar ni celebrar contratos con la empresa en un periodo de 2 años y medio.

La SFP, a cargo de Irma Eréndira Sandoval impuso a Lomedic y a Laboratorios Solfrán una multa por 1 millón 51 mil 500 pesos.

“En caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, el citado proveedor no haya pagado la multa impuesta (…), la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma”, de acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El delegado del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, Carlos Lomelí, anunció su renuncia a su cargo en julio.

El funcionario había sido señalado por supuesto conflicto de interés en licitaciones gubernamentales de medicamentos.

“Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, dicta un comunicado de la SFP.

En mayo pasado un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que empresas ligadas a familiares y colaboradores de Lomelí forman parte de una red de empresas que venden medicamentos a Gobiernos.

El también excandidato a gobernador negó entonces que él o su familia estén involucrados en licitaciones gubernamentales.

Fuente: EL FINANCIERO