No hay elementos para revocar patente notarial de Mario Marín: SGG

Para la subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno (SGG) y la Dirección de Archivo y Notarias en Puebla no existen elementos para intervenir o revocar la patente de la Notaría 53 al exgobernador Mario Plutarco Marín Torres, acusado por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

A pesar de que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció desde el pasado 16 de abril, que la International Criminal Police Organization (Interpol) emitió una ficha roja para buscar al exmandatario poblano en 190 países, el subsecretario de Asuntos Jurídicos, José Othón Carriles Hanan, refirió que la SGG no cuenta con la certeza de la existencia de la investigación penal y la orden de aprehensión de Mario Marín Torres, a las que consideró solamente mediáticas.

Margarita Mena Caritá, titular de la Dirección de Archivo y Notarias sostuvo que la revocación de la patente notarial de Marín Torres no aplica, pues actualmente la Notaría 53 es atendida por el suplente de Vicente Manuel Gil Luna, y que en tanto su periodo no concluya, no hay posibilidad de algún trámite de cancelación del nombramiento, pues el exmandatario no funge al frente ni expide trámites notariales.

Así respondieron los servidores públicos a los oficios No. GEPDESOCIU091/2019 y No, GEPDESOCIU092/2019 dirigidos al Ejecutivo y a la SGG entregados por dos organizaciones civiles que hicieron la formal solicitud de revocación y cancelación de la patente de la Notaría No. 53 del distrito Judicial de Puebla a cargo Mario Plutarco Marín Torres por no cumplir con el perfil que se requiere para ser notario público.

Aunque fue el pasado 10 de junio cuando Ángel Manuel López Rafael, presidente de la Confederación de Organismos de la Sociedad Civil y Víctor Manuel Reyes Cuautle, representante de la organización Desarrollos Social Ciudadano A.C., iniciaron el formal trámite, a la fecha solo han obtenido la respuesta verbal y la promesa de la entrega por escrito de lo informado.

Este martes, Mena Caritá hizo saber a López Rafael, presidente de la Confederación de Organismos de la Sociedad Civil que, una vez más, la respuesta mediante oficio sería aplazada, pues el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la SGG, Othón Carriles había enfermado, lo que había retrasado la firma y entrega del documento.

En entrevista fuera de las instalaciones de la Dirección de Archivo y Notarías, el activista Ángel Manuel López Rafael denunció la absurda respuesta de parte de funcionarios del Estado sobre el exgobernador acusado de un delito grave que no alcanza fianza y que actualmente se encuentra prófugo.

“Es evidente la protección de la que goza Mario Marín. Mientras la Interpol busca al exmandatario en más de 190 países, la SGG asegura que no tiene elementos “de peso” para revertir sus privilegios y aplicar la Ley del Notariado del Estado de Puebla pues no tiene certeza del proceso judicial, que dijo, es solo mediático”, denunció el defensor.

Ángel Manuel López Rafael aseguró que está dispuesto a conseguir una copia de la denuncia y la orden de aprehensión girada contra el ex mandatario y exhibirla en las oficinas del gobierno del estado para desarticular el pretexto ofrecido por los servidores públicos y obligarlos a actuar en consecuencia.

“El colmo, el ciudadano tiene que hacer el trabajo de autoridades. Pues yo haré esa tarea, no me importa, traeré lo necesario y con eso exhibiré la ineficiencia y la corrupción que está enquistada en las instituciones poblanas, ahora como hace 13 años”, asentó.

En la primera quincena de este 2019, Lydia Cacho recibió una disculpa de parte del Gobierno por la persecución que sufrió en 2005 tras la publicación del libro  Los demonios del Edén, una investigación sobre una red de trata y explotación infantil en el Estado de Quintana Roo. El reconocimiento sobre las omisiones del Estado se da luego que la Organización de Naciones Unidas, a través de su comité de Derechos Humanos, reconoció que Cacho fue objeto de múltiples violaciones de sus derechos fundamentales, fundamentalmente en Puebla.

En el expediente se documenta la tortura que sufrió durante un proceso judicial amañado al ser blanco de la corrupción alentada por instituciones poblanas durante el proceso de su encarcelamiento en diciembre de 2005 en el estado, y señala en el centro la participación activa del entonces gobernador Mario Marín Torres, así como de otros funcionarios de su administración.

Ángel Rafael sostuvo en entrevista que al no advertir la reacción en el gobierno estatal para actuar en consecuencia a 13 años de la violación del exmandatario, formalizó la solicitud de revocación de patente notarial –cuyo trámite ya ha rebasado el límite de tiempo considerado por el Artículo 138 que establece el término de 8 días hábiles a quien ejerza el derecho de petición– pero el aplazamiento para entregar la respuesta en forma escrita se ha prorrogado, aunque la información le fue ofrecida verbalmente.

“Ser notario, como está establecido legalmente es un privilegio. Es un premio a la honestidad y la probidad, es un ser que incluso da fe de los actos de otros en trámites vitales, es un asunto de honor”, dijo el activista contrastando la conducta del exmandatario cuyas conversaciones grabadas expuestas pusieron de manifiesto que la petición de encarcelamiento era parte de una venganza masticada y pensada por un empresario libanés afectado por la investigación de Cacho, luego, solicitada a Marín quien presto la consumó, poniendo al servicio de su adinerado amigo el aparato de gobierno estatal que en su momento encabezaba.

“A esto se suma –dijo– su huida como rata cuando se anuncia el proceso judicial… ¿esto hace un hombre probo?, ¿un hombre honorable?. Mario Marín está lejos de ser un ejemplo de probidad”, resumió.

La revocación, más que justificada ante la ley: activista

En la petición de las organizaciones se establece que aunque la patente de notario es vitalicia, los notarios podrán ser separados y suspendidos de acuerdo con el artículo 15 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla.

En los oficios girados al gobierno estatal, las organizaciones solicitaron el retiro de las patentes de los Notarios No. 43 del distrito judicial de Puebla a cargo de Mario Plutarco Marín Torres, así como la Número 6 del Distrito Judicial de Atlixco a cargo de Rodolfo Sánchez Corro por alejarse del perfil de probidad necesaria para ejercer ese cargo.

El argumento de los defensores tuvo como base el Artículo 138 que señala las causas de suspensión de un notario en el ejercicio de sus funciones: “Encontrarse bajo los efectos del auto de vinculación a proceso penal por delito doloso, clasificado como grave por la legislación penal aplicable”, “Por sentencia o resolución ejecutoriada que le imponga como pena la suspensión”, “Por sanción administrativa impuesta por el Ejecutivo del Estado, en términos de esta Ley”, entre otras.

En la redacción también citan lo señalado por el artículo 175 en el que se establece que una de las causas de revocación de la patente es por una falta grave de probidad del notario público, así como el Artículo142, incluso por la violación a los artículos 155 y 156.

“Por lo antes mencionado solicitamos la aplicación del artículo 170 que establece que las faltas o infracciones en que incurran los notarios y que sean del conocimiento de la autoridad se sancionarán aplicando, conforme a las disposiciones de esta Ley, la Revocación y cancelación de la Patente.

“Como usted estará enterado por ser información pública, el exgobernador de Puebla Mario Plutarco Marín Torres es buscado por la Fiscalía General de la República desde el 11 de abril cuando fue liberada una orden de aprehensión por la magistrada María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo por el delito de tortura en contra de la periodista y activista Lyda Cacho”, señala el escrito.

Revocación de patente notarial a ex contralor

Las organizaciones también solicitaron la suspensión de la patente notarial a Rodolfo Sánchez, quien obtuvo la titularidad de la Notaría 6 del Distrito Judicial de Atlixco luego de desempeñarse como titular en la Contraloría del Estado, y quien fue omiso e ignoró las denuncias de varias organizaciones presentadas contra Gerardo Islas, titular de Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (Sedeso) por desvío de 17.6 mdp de pesos en la reconstrucción de viviendas dañadas por el terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 2017, a través de la aplicación fantasma del Programa Estatal de Cuartos Dormitorio en las comunidades devastadas.

“Ante él llevamos las pruebas, prácticamente todas las organizaciones que trabajamos en las zonas afectadas por el terremoto, denunciamos a Islas por la corrupción expuesta a todas luces, pero el contralor nunca investigó ni llevó a cabo ninguna acción, solo sostenía reuniones que eran verdaderas simulaciones, fue omiso ante tal desvío”, acusó Ángel Rafael.

Sánchez mientras era funcionario aplicó para el examen de notarios en una evaluación que no fue pública.

Vale señalar que la Dirección de Comunicación Social de la SGG negó a este medio las entrevistas con Carriles Hanan – quien también es notario público en Chignahapan–, como con Mena Caritá, pero sugirió amablemente canalizar cualquier duda a la Unidad de Transparencia.

Fuente: La Jornada de Oriente