El robo a Pemex y su desmantelamiento

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El huachicoleo y su amplia red de operadores y organismos en la que se incluyen a servidores públicos, provocó según las estimaciones oficiales pérdidas a la paraestatal de más de 60 mil millones de pesos anuales, colapsó el sistema de seguridad pública ante la imparable delincuencia organizada vinculada con el narcotráfico, homicidio, secuestro y extorsión, entre otros graves ilícitos.

Tras la tolerancia de las altas esferas del gobierno, el huachicoleo se convirtió en la actividad ilícita más lucrativa, que de la mano del desmantelamiento de la industria petrolera nacional provocó que México pasara de ser un país productor y autosuficiente en gasolinas, a depender hasta el 80 por ciento de sus requerimientos nacionales.

La Constitución general de la república define a la delincuencia organizada como la  “organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia” (Art. 16). La última parte de este párrafo confiere al Congreso, al expedir la legislación secundaria, la facultad de escoger cuáles delitos pueden ser vinculados al concepto de delincuencia organizada y, por tanto, cuáles no.

Sin embargo, por alguna razón, durante más de 20 años (4 sexenios) el gobierno de la república no tipificó los delitos que suelen cometer los poderosos, muchos de ellos encaramados en el poder público federal o de los estados. Los ataques al estado de derecho y a la democracia, como el fraude electoral, el enriquecimiento ilícito, el soborno, el tráfico de influencias, entre otras muchas, no fueron vinculadas como delincuencia organizada.

La inmensa mayoría de actos punibles cometidos por servidores públicos en los últimos 20 años, durante su ejercicio o con motivo de sus funciones, se realizaron con pleno conocimiento de sus superiores jerárquicos y en grupo. Fue imparable y creciente la actitud descarada y reprochable de robar y robar, enriquecerse a partir de fondos públicos, vender concesiones, simular operaciones, cobrar sobornos, lograr embutes, hacer negocios con sobreprecios por conducto de familiares o testaferros, sin que los principales agresores no contaran con el respaldo de una organización y complicidad de sus jefes.

En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la delincuencia organizada estaba personificada en el narcotráfico, excluyendo a otros actos delincuenciales cometidos por los servidores públicos. Sin embargo el análisis de los hechos y sus resultados, el narcotráfico a pesar de su violencia y agravios, fue producto de la estructura de la corrupción altamente organizada del Estado, especialmente en las esferas de gobierno y que lejos de ser combatida se permitió. Tal es el caso de huachicoleo, cuya delincuencia organizada disfrutó de la protección del Estado y de la complicidad de los funcionarios públicos altamente organizados e involucrados por franquicitarios, almacenadores, transportistas, constructores y diversas conexiones, tanto nacionales como en el extranjero.

La voluntad presidencial de “barrer la corrupción de arriba hacia abajo” es sin duda un buen inicio, aun cuando infinidad de detractores se resistan a perder sus vergonzosas canonjías o simplemente aplaudan como focas el escarnio público que promueven, como una tibia contraofensiva contra el gobierno de la república de limpiar el ejercicio público y desterrar la idea del Estado corrupto que se enquistó en sus altas esferas.

Ante la burla y la amenaza, los ciudadanos debemos respaldar las acciones de gobierno que permitan limpiarlo desde adentro y que en su caso, sea posible un estado de derecho libre de esas alimañas, como el robo descarado a PEMEX y su desmantelamiento.

¿O no lo cree usted?

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