En el PT aseguran que la investigación por lavado de la PGR se originó por una filtración interna

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Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo (PT) es, para la Procuraduría General de la República (PGR), presunto responsable de lavar 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León.

El caso está convulsionando la vida interna del partido aliado a Morena. Las reacciones de la dirigencia señalan que la avanzada de la PGR tiene que ver con motivaciones políticas por el hecho de que el PT es por ahora el único partido que se ha aliado a Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, en el entorno de Anaya, jefe del PT, creen que la información que maneja la PGR provino del interior del partido, concretamente de liderazgos estatales que son díscolos de la conducción de Anaya.

Todo se habría activado tras la decisión de Anaya de reelegirse como dirigente nacional la semana pasada. Esto motivó malestar en los grupos del PT de Chihuahua y de una parte de Nuevo León. Crece la idea de que la filtración proviene de esos operadores estatales.

En Chihuahua las figuras son Liliana y Lourdes Aguilar, hijas de Rubén “Chato” Aguilar. Eran cercanos al PRI y ahora se muestran cerca de Javier Corral. En Nuevo León se habla del grupo de Asael Sepúlveda.

De acuerdo con un documento emitido por la Procuraduría el 10 de agosto, la denuncia de hechos es “en contra de la persona física María Guadalupe Martínez (esposa del líder del PT) y/o en contra de quienes resulten responsables, mencionando a la persona de nombre Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”.

Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, dijo que la dependencia aseguró cuentas bancarias (cuatro) ligadas a esa presunta red criminal.

Señaló que el aseguramiento busca evitar el ocultamiento o utilización de esos recursos con fines distintos a la construcción y mantenimiento de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), para los que originalmente fueron entregados esos recursos por 100 millones de pesos.

 

Vía LPO

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