El rol de la universidad es promover la justicia social, consideró el titular de la SEP en Puebla

El papel de la universidad, afirmó el secretario de Educación Pública (SEP) en el estado, Melitón Lozano Pérez, es promover la transformación de las estructuras de injusticia y desigualdad, a través de la docencia, la investigación y la proyección social, para ponerlas al servicio de la justicia social.

Al participar en el foro Los retos de la educación pública superior en México en una época de cambios organizado por la UAP, el funcionario estatal habló sobre las directrices que deberán guiar a las Instituciones de Educación Superior (IES) en el marco del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, dijo que con la actual administración “hay una forma de respeto a la autonomía de las instituciones”.

En su ponencia, el profesor normalista refirió que el reto es hacer tangible la educación en el ámbito superior. De inicio, expuso que era necesario problematizar a la educación, desde cómo concebirla, si como un servicio o como un derecho. “Si se concibe como un servicio se supone que puede llevarse a cabo o no, porque queda a voluntad. Si se concibe como un derecho se vuelve exigible por los actores que demandan justicia en los tribunales”.

Acompañado por los académicos universitarios Judith Chaffee y Sergio Cortés, el titular de la SEP anotó que el derecho a la educación puede ser considerado un concepto abstracto, por lo que es pertinente hacer un marco metodológico que genere categorías que permitan hacer posible su concreción.  En su caso, presentó un marco conceptual y normativo denominado de las Cuatro A, porque llama a ser asequible, aceptable, adaptable y accesible a la educación.

Lozano definió que la asequibilidad tiene que ver con asegurar la disponibilidad de una oferta educativa, con instituciones que tengan lo necesario para el aprendizaje; la accesibilidad tiene que evitar cualquier tipo de discriminación; la aceptabilidad refiere a que los planes de estudio deben responder a criterios pertinentes y relevantes, con una dimensión de calidad desde los estudiantes, quienes pueden opinar sobre la educación que reciben y por tanto se colocan como sujetos de derecho; y la adaptabilidad, que llama a que las instituciones se deben de adaptar a personas y comunidades, no al revés, pues debe ser flexible a las necesidades de la comunidad.

El reto -continuó- es cómo hacerlo efectivo en este contexto de cambio de régimen, tras un modelo neoliberal de 28 años que en Puebla dejó aspectos negativos como la falta de maestros, de equipamiento y de permanencia de alumnos, además de una fuerte pobreza, inseguridad y población analfabeta. No obstante, dijo que el estado tiene la infraestructura de IES más importante del país. “Ahora el modelo educativo debe contribuir a disminuir estas desigualdades y promover el desarrollo económico y sociocultural de las 32 regiones del estado”, confió.

Expuso que el Plan Estatal de Desarrollo debe de recuperar la confianza combatiendo la corrupción, basado en un desarrollo estratégico estatal, con claridad para devolver su carácter público y gratuito ante la mercantilización, formar a nuevos maestros para contrarrestar los daños que dejó el gobierno anterior que legó, entre otras cosas, violencia.

El también profesor universitario expuso que, si bien la Ley de educación del estado de Puebla fue vapuleada por sus intereses políticos, es un instrumento para concretar el derecho pues tiene un marco conceptual y normativo que la hace una ley de avanzada con perspectiva de política pública. Incluso, dijo que el foro de la UAP “será un insumo” que la nutra.

Acotó que él concibe una serie de seis retos en torno a la educación ubicada dentro de la realidad: hacer cambios profundos en las formas de producir, transmitir y utilizar el conocimiento; reivindicar el carácter humanista de la educación superior para tener una responsabilidad ética, social y ambiental; promover los derechos humanos, la equidad de género, la soberanía alimentaria; reafirmar el carácter multicultural, multiétnico y multilingüe; impulsar un modelo académico que indague en los problemas del contexto; y promover mecanismos que permitan la participación de sectores sociales y su evaluación.

Por último, dijo que la Ley General de Educación se vio afectada por el Covid-19, cancelando espacios de discusión y habiendo “una fecha fatal” llevó a armonizarla con la ley federal añadiendo conceptos propios como el derecho a la educación. “Es una experiencia clave para la Ley de Educación Superior, para que se puedan generar espacios, actores e instituciones para construir la ley; es una convicción y un compromiso que asumo”.

Fuente: La Jornada de Oriente