La teoría del enemigo en el entorno jurídico mexicano

Siguiendo mi columna de la semana anterior, en la que escribí, de la prisión preventiva oficiosa como una de las figuras jurídicas incluidas en nuestra carta magna que son discriminatorias respecto a los sujetos a los que se encuentran dentro de los supuestos hipotéticos que la constitución específicamente en el artículo 19 o las leyes específicas contemplan.
A esta situación, nos preguntaríamos ¿si realmente los medios de control de la constitucionalidad, en específico el juicio de amparo es en nuestros días eficiente o ya no lo es?, y en ese sentido se vuelve inoperante, lo que se convierte en una situación alarmante en nuestro sistema jurídico de defensa de derechos humanos, ya que, si alguien se encuentra en los mencionados supuestos hipotéticos, por ese solo hecho, la persona que lo estuviere, ya no puede ser protegido por este juicio.
Se debe recordar que México ha firmado diversos tratados en materia de derechos humanos y por ello está obligado a cumplirlos, entre ellos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Sistema Universal de Derechos Humanos); por lo tanto son obligación de México cumplirlos; uno de los problemas que se encuentran en el sistema jurídico mexicano, es y sigue siendo el control de los adversarios políticos a partir del derecho penal y el derecho fiscal, con ello teniendo una amplitud en el control político.
Como lo comenté en mi columna de la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo la máxima institución garante de los derechos humanos (en teoría), es quien genera a partir de la jurisprudencia una narrativa que fortalece esta lógica de control, en el caso de la jurisprudencia por contradicción de tesis 293/2011, dejando fuera de la protección real de los derechos humanos, a sectores de la sociedad, de aquí se desprende la pregunta ¿lo puramente jurídico tiene mayor importancia que la necesidad de las personas de protección de derechos humanos?, ¿el juicio de amparo realmente es un medio de control constitucional y de convencionalidad eficaz y efectivo?.
La respuesta ya la dio el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; en su 81o período de sesiones (17 a 26 de abril de 2018):
“el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a emprender las reformas legales necesarias para introducir un recurso efectivo contra las violaciones de los derechos humanos, incluida la privación arbitraria de la libertad”.
Es preocupante que México ha firmado una infinidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos, y qué el artículo 1º señale claramente señala que:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece,
Además desde la sentencia del caso Radilla Pacheco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su párrafo 339, había señalado la obligación de los jueces de aplicar el ejercicio interpretativo denominado “control de convencionalidad”, lamentablemente la narrativa de la necesidad de seguridad sigue siendo aplicada y en el imaginario colectivo se siga pensando que con estas prácticas se soluciona el problema, mismo que es mucho más complejo, la última reflexión sobre este asunto es ¿acaso los mexicanos no merecemos el respeto de los derechos humanos de manera amplia y apegada a los estandares internacionales?.
Considere usted¡