Concesiones Integrales niega aumento salarial a sus trabajadores; casi todos están en outsourcing

Por la pandemia, la empresa Concesiones Integrales SA de CV o Agua de Puebla se niega a negociar el incremento salarial del 12 por ciento con el Sindicato de Trabajadores, aunado a que no tiene responsabilidad legal con el personal que se encuentra subcontratado a través de cuatro empresas outsourcing.

A pesar de ello, 510 trabajadores advirtieron que estallará la huelga si no hay acuerdo en esta semana, debido a que el líder sindical pertenece a la CROC del estado de Tlaxcala y los ha dejado en el desamparo.

La información fue dada a conocer por el abogado Omar Jiménez Castro, a cargo de la defensa laboral de los trabajadores, quienes solicitaron su asesoría para enfrentar a la compañía que mantiene privatizado el servicio de agua, drenaje y alcantarillo en la ciudad de Puebla desde hace más de seis años.

Hace un par de días, el Sindicato presentó una solicitud de aumento directo al salario del 8 por ciento, en beneficio de una plantilla laboral de mil 200 trabajadores; sin embargo, ha trascendido que el director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, se rehusó a dialogar con los trabajadores.

En entrevista, Jiménez Castro argumentó que la revisión laboral se trata de una “simulación” de la empresa, pues bajo amenazas de renuncia el personal tuvo que firmar hace unos meses su cambio de razón social para pertenecer a otras empresas.

El litigante acusó que mientras la empresa busca deslindarse de la negociación salarial, arguyó que es una de las compañías que más recursos recauda en el estado, al sumar hasta 960 millones de pesos anuales.

“Existe el temor fundado que pueda estallar la huelga. Hubo una reunión con el director de Agua de Puebla, Héctor Durán Díaz, donde le solicitaron un aumento del 12 por ciento, pero esta persona expresó que están locos, porque no habrá aumento ni del 1 por ciento”, externó.

Omar Jiménez refirió que difícilmente podrá emplazar a huelga cuando el mismo sindicato permitió que fueran contratados a través de intermediarios.

A esto sumó, que Concesiones Integrales oculta información al personal sobre sus derechos laborales, así como incluso de los contratos a los que no tienen acceso los trabajadores.

A pesar de las violaciones a sus derechos, dijo que no existe alguna autoridad en Puebla que le ponga un alto a la empresa privatizadora del servicio de agua.

En la actualidad, dio a conocer que un trabajador percibe en promedio 178 y 198 pesos diarios, quienes se dedican a recorrer las calles para desazolvar drenajes, efectuar cortes del servicio e inspeccionando la red hidráulica en la capital.

Por lo tanto, precisó que el aumento del 12 por ciento al salario representa entre 18 y 20 pesos diarios por trabajador.

No hay negociación salarial por la pandemia, líder sindical

El abogado Omar Jiménez también señaló que el líder sindical Justino Hernández Xolocotzi es un “delegado charro” que pertenece a la CROC y que está en negociaciones con un delegado especial en Tlaxcala, entidad donde no opera Concesiones Integrales.

Para demostrar lo anterior, exhibió un documento en el que aparece la Asociación Nacional de los Trabajadores del Comercio y Oficinas Particulares, pertenecientes a la CROC, con un contrato de trabajo celebrado con Servicios Técnicos S.A de C.V. y que representa a los trabajadores de Agua de Puebla.

El resto de las empresas subcontratantes son: CI Servicios Técnicos, Concesiones Integrales y Consultora y Solución Uriel SR de CV, donde se encuentran registrados 510 trabajadores, cuando en total la plantilla laboral asciende a mil 216 personas.

En tanto, el líder sindical de Agua de Puebla, Justino Hernández, negó a medios locales que se esté emplazando a huelga a Concesiones Integrales por negativa al aumento salarial.

El también secretario de la CROC en Tlaxcala justificó que el procedimiento para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo no ha iniciado debido a la pandemia del coronavirus.

Confirmó que depositó el emplazamiento a huelga para revisión contractual el pasado 11 de marzo, 60 días antes del plazo que establece la Ley ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero por la emergencia sanitaria la empresa no ha sido notificada.

Fuente: La Jornada de Oriente