¿Inconvencionalidad de la prisión preventiva de oficio?

Muchas personas piensan que las reformas constitucionales del 2008 y 2011 son exageradas en relación con la protección que tienen las personas, misma que no había antes de dichas reformas, aunque para la percepción de la población en general es una protección exagerada para quienes presuntamente han cometido un ilícito, incluso con ello justifican los linchamientos que se han observado en las redes sociales en los últimos días.

Pero la realidad es que en nuestro país hay dos narrativas (o más) al menos en la Constitución, si bien es cierto se ha manejado mucho que la reforma de 2008 fue sumamente garantista y protectora de los delincuentes, y se ha hablado mucho de la puerta giratoria, con la que una persona que es detenida en flagrancia puede salir inmediatamente; y también se le ha criticado mucho a la reforma constitucional del 2011, en materia de derechos humanos, pero la verdad es que ambas reformas no logran realmente que el mexicano promedio tenga una protección en relación a los estándares internacionales.

Todavía hoy en día, seguimos viendo en lo cotidiano abusos de autoridad, con justificaciones realmente banales, como lo que se observó este fin de semana en las redes sociales, respecto a cierres de calles e incluso un policía golpeando a un ciudadano que caminaba cerca del edificio conocido como “casa Aguayo” en la ciudad de Puebla, con el pretexto de que iba a pasar el gobernador del Estado, por cierto, en sentido contrario.

Pero en la realidad jurídica del país, se siguen buscando pretextos para que los gobernadores tengan el control sobre sus enemigos políticos, activistas, reporteros incomodos etc; lamentablemente el siglo XXI sigue teniendo medios de represión jurídicos, avalados incluso por el Poder Judicial Federal, con el pretexto de la soberanía nacional.
A pesar de que México lleva ya doce años de la reforma del 2008 y casi diez de la 2011, hay en la Constitución todavía candados en relación con el manejo del derecho penal como una herramienta de coacción y control, veamos a que me refiero.
Con la sentencia del caso Rosendo Radilla Vs México en el año 2009, dentro de su texto se refería a la obligación de las autoridades mexicanas de hacer un control de convencionalidad ex officio, específicamente en el párrafo 339 de la mencionada sentencia, que a la letra señalaba:
339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico . Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana
Con esto un tribunal internacional, le estaba señalando a México su obligación de observar el bloque de constitucionalidad y no solo su normatividad interna, esto relacionado con los compromisos adquiridos por México, sobre todo con la firma la convención de Viena, en su artículo 27 que señala:
27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.
Es decir supuestamente en México debería existir un respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sin que se pueda invocar el derecho interno como justificación de incumplimiento, pero ¿qué hizo el Poder Judicial Federal?, exactamente lo contrario , en la jurisprudencia por contradicción de tesis con el número 293/2011 señaló
Derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales. constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional.

Es decir que invocó el derecho interno para justificar la restricción de derechos, entre otros en una serie de delitos que están catalogados como graves y que como medida cautelar son acreedores a la prisión preventiva de oficio, entre otras figuras jurídicas que constitucionalmente tienen una restricción expresa, como el arraigo y la extinsión de dominio.

Con esta medida cautelar parecería que se pueden generar mejor condiciones para disminuir la incidencia delictiva, pero habría que hacer un análisis más profundo de ello, ya que no necesariamente esto es cierto, pero ¿por qué los gobernadores y otras autoridades les interesa tanto este tipo de situaciones?, no me gustaria creer que esto es para controlar a las personas incomodas, pero lamentablemente  en la realidad, estos pueden ser medios de represión por parte de las autoridades

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