Hallan depósitos millonarios a magistrado que propuso anular elección en Puebla México

Desde que tomó posesión en su cargo como Magistrado electoral, José Luis Vargas reporta gastos millonarios

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó presuntos movimientos irregulares en las cuentas del magistrado electoral José Luis Vargas, quien entre 2013 y 2017 habría cuadriplicado sus ingresos, publica este lunes el periódico Reforma. De acuerdo con información publicada este lunes por Reforma, autoridades federales identificaron depósitos en efectivo para el funcionario electoral, aportaciones de gobiernos estatales y manejos millonarios en tarjetas de crédito.

También son revisados tres depósitos en efectivo: uno de 2016 por 400 mil y otros dos en 2018, año en que tomó decisiones electorales trascendentales, uno por 200 mil pesos, el 13 de julio, y otro por 220 mil, el 17 de septiembre; este último, dos días antes de que ordenara el recuento total de la votación para elegir gobernador de Puebla bajo el argumento de que se había perdido la cadena de custodia del material electoral que Martha Erika Alonso Hidalgo ganó a Luis Miguel Barbosa Huerta.

En 2018 José Luis Vargas anticipó que su proyecto de sentencia en el caso de la elección de gobernador de Puebla preveía anular el triunfo de Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle y candidata de Por Puebla al Frente (PAN-PRD-MC), quien de acuerdo con los resultados de la elección había ganado a Luis Miguel Barbosa Huerta. Él ordenó, el 19 de septiembre de ese año, el recuento total de la votación bajo el argumento de que la cadena de custodia, es decir el cuidado del material electoral, se perdió.

El proyecto del magistrado expuso que durante el proceso electoral en Puebla existieron irregularidades acreditadas, como el indebido resguardo de la paquetería electoral que afectó las condiciones de validez de la elección, los actos de violencia en las casillas, la negligencia por parte del Instituto Electoral Estatal (IEE) en el manejo incorrecto y el resguardo de la papelería de la elección, y la vulneración de la cadena de custodia. Su aviso, hecho a través de Twitter, fue criticado por los partidos del Frente que abanderó Martha Erika Alonso y causó tensión en la Sala Superior por adelantar el sentido de la decisión.

En sus últimas cinco declaraciones anuales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se observa una evolución extraordinaria de sus ingresos: “mientras en abril de 2013, cuando ejercía como abogado de asuntos electorales, declaró ingresos por 1 millón 791 mil pesos, para 2017, ya como magistrado electoral, sus ingresos declarados se cuadruplicaron al declarar 7 millones 270 mil 317”. Sólo en su primer año como magistrado, cargo que asumió el 4 de noviembre de 2016, incrementó sus ingresos un 54 por ciento.

En 2016 reportó ingresos por 3 millones 334 mil pesos, siendo que sólo habría cobrado dos meses de salario como magistrado y un proporcional de aguinaldo; un año después duplicó sus ingresos para quedar en poco más de 7 millones.

Los magistrados electorales están impedidos a recibir otros ingresos laborales o profesionales que no sean los de su encargo judicial. Conforme el Artículo 101 de la Constitución no pueden aceptar ni desempeñar ningún empleo o encargo gubernamental o de particulares, salvo labores académicas no remuneradas.

Un magistrado de la Sala Superior podría alcanzar ingresos anuales brutos de hasta 4 millones 451 mil 601 pesos, considerando prestaciones. Los ingresos de Vargas, según su declaración anual 2017, fueron superiores en 63 por ciento con respecto a lo máximo que podría recibir.

Además de esa diferencia, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene reportes de movimientos por 14 millones 96 mil 478 pesos durante dos años, entre 2016 y 2018, en una tarjeta American Express que está a nombre del magistrado.

Otro movimiento presuntamente irregular en sus cuentas corresponde a un depósito de 500 mil pesos del gobierno de Sonora. Atenido a la prohibición constitucional, resulta inusual e irregular que un magistrado reciba un depósito tan alto de un gobierno estatal para el que no puede prestar servicios.

El 8 de diciembre de 2018 el proyecto de anulación de las elecciones que propuso Vargas Valdez fue rechazado por mayoría de votos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo.

 

Fuente: Datamos