Rodrigo Abdala, investigado por el uso irregular de programas sociales

Irma Eréndira Sandoval reveló que se está investigando a 10 superdelegados por utilizar los programas sociales para construir estructuras internas para los procesos de elección

Rodrigo Abdala, próximo coordinador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Puebla asistió al foro de consulta estatal participativa en Puebla.

Rodrigo Abdala Dartigues, está entre los 10 superdelegados federales investigados en la Secretaría de la Función Pública, ante el posible uso irregular de programas sociales, de acuerdo con lo que el día de ayer dijo Irma Eréndira Sandoval Ballesteros durante su comparecencia como titular de la dependencia.

En el análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que se trata de 12 denuncias y “hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados están denunciados son Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”.

Irma Eréndira Sandoval dijo que “investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían procesos abiertos en administraciones anteriores”. Aseguró que entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, “ha impuesto casi 3 mil sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas (…) entre licitantes, proveedores y contratistas establecimos 187 sanciones e impusimos multas por más de mil 400 millones de pesos, 25 por ciento adicional que en el periodo idéntico del año anterior”.

A Rodrigo Abdala Dartigues, sobrino de Manuel Batlett Díaz, exgobernador de Puebla y actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, es responsabilizado de reventar la sesión donde se eligieron consejeros estatales del Movimiento de Regeneración Nacional, así como de promover la entrega de apoyos federales.

En su comparecencia de este jueves Sandoval Ballesteros indicó que del 1 de diciembre de 2018 al 15 de octubre de 2019, la SFP ha recibido 30 mil 605 denuncias ciudadanas que han dado lugar a más de 25 mil investigaciones, de las cuales 5 mil 510 ya están concluidas. Agregó que la “utilización de programas sociales se tipifican como delitos graves y tienen prisión oficiosa” y que hay auditorías en programas sociales, pues se busca dar plena transparencia a su utilización.

 

Fuente: Datamos