Titular del Tribunal de Arbitraje de Puebla cobró soborno de 150 mil pesos

La denuncia en su contra fue interpuesta el 3 de septiembre tras una supuesta amenaza de muerte

Una abogada que lleva más de 60 casos de ex trabajadores del gobierno estatal que fueron despedidos injustificadamente durante el morenovallismo se habría encargado de abrir la cloaca en el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y denunciar por extorsión y abuso de autoridad a su presidente, José Luis Ayala Corona.

Ahora se sabe que la denuncia que derivó en la detención del magistrado la noche del miércoles se basa en el supuesto pago de 150 mil pesos por parte de la agraviada a José Luis Ayala, para que este no congelara sus casos y no hiciera retenciones de impuestos infundados a sus clientes a través de la Secretaría de Finanzas.

En este sentido, el magistrado fue trasladado ya al Cereso de San Miguel de la ciudad de Puebla como medida cautelar de prisión preventiva, luego de que ante un juez solicitó un plazo de 144 horas para que en una segunda audiencia se determine si hay elementos para vincularlo a proceso, o no.

“Tengo que aprovechar antes de que me corran”, decía Ayala Corona

Durante la audiencia celebrada la noche del jueves y que concluyó hasta las primeras horas de este viernes, se pudo constatar que el caso que permitió iniciar una investigación contra Ayala Corona por parte de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, fue el que sufrió una abogada de nombre Jaqueline.

Según obra en la carpeta de investigación 465/2019/FECC, todo inició el 28 de junio del presente año cuando la agraviada tuvo el primer contacto con Ayala Corona en el Tribunal de Arbitraje, ya que ella tiene en su cartera de clientes a más de 60 ex trabajadores del gobierno estatal, despedidos entres 2011 y 2017 y cuyos casos ya están en etapa de ejecución por amparos directos o indirectos.

Ante esta situación, el 4 de julio Ayala Corona habría hecho la primera solicitud de un soborno a Jaqueline al pedirle 100 mil pesos por cada uno de sus asuntos, a fin de que estos no fueran congelados o bloqueados en el área de Finanzas, pues aseguró que “todos los abogados” pagaban esos incentivos si querían atención rápida.

La primera respuesta de Jaqueline fue rechazar la extorsión y se negó a pagar el dinero que presuntamente Ayala Corona le exigió, hasta que uno de sus clientes acudió a Finanzas a cobrar un cheque y descubrió que dicha área había ejercido retenciones de impuestos injustificadas por 256 mil pesos.

Al intentar solucionar esta situación el personal de la Secretaría de Finanzas la remitió directamente con el “Manitas Ayala” (en referencia a José Luis Ayala Corona), diciéndole que era con él con quién debía arreglar dicha retención pues eran órdenes directas.

Posteriormente, el 11 de julio, Jaqueline nuevamente acudió a atender asuntos relacionados con cuatro de sus casos, cuando fue abordada por Ayala Corona, quien presuntamente le dijo que “dejara de lloriquear” y que simplemente accediera a dar una contribución para que no volviera a pasar lo de las retenciones.

En esa misma ocasión Ayala Corona habría asegurado que, ante su inminente salida del Tribunal de Arbitraje con la entrada del gobierno de Luis Miguel Barbosa, “debía de aprovechar” y por ello estaba solicitando la contribución de los abogados interesados en que sus casos se solucionaran de forma ágil.

Secretaria General y titular de Ejecución y Exhorto involucrados

Fue el 5 de agosto a las 12:30 horas cuando Jaqueline finalmente cedió a las presiones del magistrado, entregándole 100 mil pesos en efectivo a Ayala Corona luego de que sus clientes pudieron cobrar sus cheques sin las retenciones ilegales de impuestos.

Sin embargo el 6 de agosto, a través del titular de Ejecución y Exhortos del Tribunal, Jaqueline recibió un mensaje de texto con un número de cuenta en BBVA a nombre de María Silvia Vega Ramírez, donde le indicaban que debía de pagar el resto de lo acordado.

Ella intentó hacer el depósito sin embargo le fue rechazado, por lo que ahora Ayala Corona es quien la contacta para darle un segundo número de cuenta a fin de que se concrete el pago, dando una referencia de una cuenta cuya titular es Raquel Cortés Vega, que resulta ser la Secretaria General del Tribunal.

Al no poder concretar el pago de esta forma, Anaya Cortés la llamó reiteradamente hasta que nuevamente ella tuvo que entregarle otros 50 mil pesos en efectivo, sin que esto significara que el acoso cesaría pues a principios de septiembre, el funcionario le volvió a exigir dinero a la agraviada.

Tras amenaza de muerte decide denunciarlo

Durante la audiencia se explicó que una llamada de Anaya Cortés causó gran molestia y preocupación a la agraviada, por lo que ella decidió ir a buscarlo personalmente para frenar el acoso y grabó la conversación, donde el funcionario aseguró que estaba en sus manos que se le siguiera dando trámite a sus casos.

En la grabación que forma parte de las evidencias por parte de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, se puede escuchar a Anaya Cortés diciendo que es intocable y que no puede “salir raspado” porque él no firma los acuerdos del Tribunal, por lo que no lo pueden relacionar.

Asimismo le dijo a la agraviada que no tratara de hablar sobre lo ocurrido porque “en las noticias se ve como aparecen los abogados cuando no se portan bien”, tomando estas palabras como una amenaza de muerte, por lo que Jaqueline decidió presentar la denuncia correspondiente.

Varios empleados del Tribunal apoyaron a la abogada para denunciar, pues aseguraron que esto lo hacía con varios litigantes, además de que el personal femenino era víctima de acoso por parte del “Manitas Ayala”, quien presuntamente tocaba constantemente los glúteos de sus colaboradoras.

Lo envían a prisión como medida cautelar

Con los ya citados medios de prueba, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía le realizó la formulación de imputación por los delitos de extorsión y abuso de autoridad, asimismo hizo la solicitud para la vinculación a proceso.

Sin embargo asesorado por el abogado José Luis Montaño de la Rosa, el magistrado decidió acogerse al termino constitucional de 144 horas para decidir su vinculación a proceso, por lo que en tanto llega esa segunda audiencia, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Ante esta situación se ordenó el traslado de José Luis Ayala Corona al Cereso de San Miguel, en donde deberá de permanecer internado, aunque con vigilancia médica, pues previo a la audiencia de ayer manifestó tener complicaciones en su salud que requieren el uso de medicamento controlado.

 

Fuente: econsulta