El cambio toca a los sindicatos

Por años, los trabajadores en México no han contado con una verdadera representación ante sus empleadores, aunque eso podría empezar a cambiar.

La señora Martínez gana el equivalente a unos 79 dólares por una semana de seis días trabajando en la sección de vegetales de un Walmart en la Ciudad de México. Son 13.16 dólares al día o 1.64 dólares por hora.

Un sindicato negoció con el gigante minorista para obtener ese salario, pero ella nunca ha conocido a un representante de ese sindicato. No quiso ser nombrada por temor a represalias, pero dice que ni siquiera ha oído hablar de esa organización.

“Negociación” es una palabra muy generosa para describir lo que realmente hizo el sindicato. El contrato colectivo que cubre la tienda de la señora Martínez permite salarios iniciales en torno al mínimo legal, que ha caído tan lejos del mercado que pocos en la capital realmente trabajan por ello. Walmart, además, paga las cuotas sindicales en nombre de los trabajadores.

No es así como los sindicatos deberían funcionar. Pero en México lo hacen, por lo menos hasta ahora. La baja remuneración ha sido fundamental para la estrategia económica del país en el cuarto de siglo desde que comenzó el Tratado de Libre Comercio, ahora renegociado como T-MEC, aumentando su atractivo como una base de mano de obra barata para las exportaciones al gigantesco mercado de consumidores en el resto de Norteamérica. Muchas empresas que aprovecharon la fuerza laboral mexicana eran estadounidenses, lo que convirtió la brecha salarial en un constante punto de discordia entre los dos países, o al menos entre los sindicatos norteamericanos y México.

El nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, negociado el año pasado, tiene más protecciones para los trabajadores. Pero los legisladores estadounidenses, especialmente los demócratas de la Cámara de Representantes, insisten en obtener más pruebas de que México finalmente toma en serio el aumento de los salarios de los trabajadores mexicanos y amenaza con bloquear la ratificación del acuerdo hasta que lo consigan. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que quiere una economía que sea más impulsada por la demanda interna, lo que coloca a los sindicatos ante una encrucijada.

Los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar que más protecciones de los trabajadores se incorporen al nuevo acuerdo se han centrado, principalmente, en las compañías que venden productos en su territorio, incluidos los fabricantes de automóviles a los que la administración de Trump también se ha dirigido para revisar los salarios. Pero los grupos de trabajadores estadounidenses, que han estado trabajando con los demócratas en los detalles del nuevo acuerdo comercial trilateral, aseguran que el problema es mucho más amplio.

Aunque no exporten, empresas como WalMart de México, el mayor empleador privado de la nación, son una parte clave de esto.

Los acuerdos que los sindicatos, realmente inexistentes, hacen con los empleadores se conocen como “contratos de protección”. Las empresas señalan que los necesitan porque, si no tienen un contrato vigente, cualquier sindicato puede acudir a la junta laboral y exigir un paro laboral mientras negocia con la empresa.

Ben Davis, director de asuntos internacionales de United Steelworkers, un afiliado de AFL-CIO, la mayor central obrera de EU y Canadá, interpreta el término de manera diferente.

Según él, lo que realmente protegen los contratos es “la capacidad de seguir pagando a las personas 50 centavos por hora”.

Un estudio de la OCDE de entre unos 30 países descubrió que México tenía, con mucho, la menor participación de los trabajadores dentro del producto de la economía, en forma de salarios y beneficios, mientras que la participación de las ganancias empresarias fue la más alta.

Joyce Sadka, experta laboral del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que desarrolló algoritmos para analizar contratos colectivos, estima que alrededor de tres cuartos de los acuerdos firmados a nivel nacional no otorgan a los trabajadores nada más allá de sus derechos legales básicos.

Estima que cuando las cuotas pasan de empresas a sindicatos a cambio de contratos que ofrecen poco a los trabajadores, que no saben que existen, estos a menudo equivalen a “tratos de colusión entre la empresa y el sindicato”.

El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la agrupación sindical responsable del contrato laboral de la señora Martínez y una de las mayor peso a nivel nacional, sostiene que el hecho de que las empresas paguen a los sindicatos directamente ayuda a los trabajadores porque el dinero no sale de sus bolsillos. Los contratos laborales de CTM “son legalmente válidos y sus revisiones periódicas se realizan de acuerdo con la ley”, escribió el senador Carlos Aceves, secretario general del grupo, en un comunicado enviado por correo electrónico.

El presidente López Obrador fue elegido el año pasado con la promesa de una distribución más justa de los ingresos en el país. Después de asumir el cargo en diciembre, aumentó el salario mínimo de alrededor de 4.60 dólares por día a alrededor de 5.40, que sigue siendo uno de los más bajos de la región. Incluso, tras el incremento, las remuneraciones que se pagan en el país siguen palideciendo de forma importante ante lo que perciben sus contrapartes en EU y Canadá. De acuerdo con datos del Inegi y la OCDE, el salario mínimo mensual este año en el país asciende a poco más de 3 mil pesos. En tanto, el monto pagado en Estados Unidos asciende 23 mil 928 pesos y 31 mil 511 pesos en Canadá.

Ante esta situación, el nuevo gobierno federal mexicano se está apresurando a cumplir con las renovadas normas laborales que se estipularon en el T-MEC para que el pacto pueda pasar por el Congreso de Estados Unidos antes de su receso de verano. Los demócratas no estarán satisfechos con los cambios en el papel, incluso si son promulgados por un líder mexicano amigable con los trabajadores. Los legisladores estadounidenses querrán seguimiento, incluidos los recursos financieros disponibles para su cumplimiento y una mayor evidencia de que el sistema judicial puede abordar casos de tratamiento injusto de los trabajadores.

Las nuevas leyes que requerirán que cada trabajador vote sobre los sindicatos, su representación y los contratos laborales fueron aprobadas en el Senado a fines de abril, luego de pasar por la Cámara baja a principios de ese mes.

De hecho, la Secretaría del Trabajo lanzó ya la convocatoria para que los sindicatos de trabajadores y patrones, así como los patrones independientes, elijan a los integrantes del Consejo de representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para el periodo 2019-2023, cuyo objetivo será determinar si las remuneraciones mínimas en el país deben aumentar.

De acuerdo con el gobierno federal, la gran virtud de la legislación laboral recién aprobada es que se otorga una mayor y verdadera libertad sindical a los trabajadores, algo de lo que cual carecían en el pasado. En el país existen alrededor de 3 mil 800 sindicatos registrados, sin embargo, la mayoría de ellos, como en el caso del que agrupa a la señora Martínez, simplemente pasan de largo de las necesidades e inquietudes de los trabajadores.

“Había reglas del juego donde los trabajadores no tenían la oportunidad de incidir, a través de un voto secreto, directo, personal para poder elegir a su sindicato, a sus dirigencias”, dijo Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, en una entrevista con El Financiero Bloomberg TV. “Por esta falta de representatividad no creció la economía, no creció la productividad, esta falta de organización colectiva llevó a una precariedad muy grande”.

Del otro lado de la mesa, algunas organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han señalado que la ley laboral aprobada tiene claroscuros y que más allá de ser el cambio de profundidad que requerían los sindicatos y los trabajadores del país, la legislación se realizó bajo la presión del T-MEC y su aprobación en el Congreso de EU. Una de las principales inquietudes de los empresarios es la posibilidad de que haya más de un sindicato por empresa, pues si bien las más grandes tienen la capacidad administrativa, las medianas y pequeñas están en una clara desventaja.

Además, López Obrador no controla a los gobiernos locales que aprueban muchos contratos laborales, y los líderes estatales de las agrupaciones de trabajadores se apresuran a cerrar pactos a nivel estatal con sindicatos proempresariales que podrían frenar el derecho de huelga.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, menciona que los plazos estrictos de la ley laboral, la fuerte voluntad política del presidente López Obrador y un grupo de trabajo integrado por su secretaría, la de Hacienda y los gobernadores, garantizarán una rápida aplicación en todo el país.

La ley “da en el meollo del asunto”, dice. “Esto no es solo maquillaje”. Alcalde ha repetido ese mensaje constantemente en sus intervenciones con medios de comunicación y redes sociales, al tiempo que desestima las críticas de una legislación hecha al vapor y a la medida de lo que se requería para poder firmar el T-MEC.

Mientras tanto, a pesar de que López Obrador enfrenta la presión de Estados Unidos de no arrastrar los pies en las reformas a favor de los trabajadores, también se le advierte que no se mueva demasiado rápido en el asunto. Después de décadas de gobierno por parte de partidos amigables con los negocios, hay una demanda acumulada entre los trabajadores mexicanos, y la llegada de un presidente más empático con su causa provocó una ola de paros.

Walmart se encuentra entre las compañías que han anunciado un aumento salarial desde que López Obrador asumió el cargo. En marzo, prometió un aumento del 5.5 por ciento en el pago promedio a nivel nacional. Walmart menciona que también ofrece bonos de productividad a la mayoría de los empleados y está trabajando para ajustar los contratos de negociación colectiva para cumplir con la nueva ley laboral que se está aprobando. En la tienda de la Ciudad de México, el señor Hernández, quien gana 59 dólares por su semana de seis días, dice que aún no ha recibido un aumento. La señora Martínez detalla que los bonos de productividad que recibió de la compañía ascendieron a diez dólares por año o dos.

La madre de cuatro hijos de 58 años podría usar un poco de dinero extra. De hecho, comenta que su esposo contribuye con trabajos esporádicos que puede encontrar, como colgar luces de Navidad, pero no en México. Para conseguir ese trabajo, tuvo que cruzar la frontera. 

Con información de Zenyazen Flores y Héctor Usla*/ El Financiero

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