Acusan de fraude a Napo

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Sin contar con la autoridad legal para representar a dos mil 200 trabajadores que desde 2005 debieron ser indemnizados con 55 millones de dólares de la venta de las acciones de la minera Mexicana de Cananea, Napoleón Gómez Urrutia, actual senador por Morena, firmó y modificó documentos imprescindibles para el manejo de esos recursos, pese a que 90% de sus “representados” ya se habían jubilado.

La cruzada que desde hace más de una década emprendieron los trabajadores de Cananea para recibir “lo justo”, luego de que la empresa se privatizó, aún no termina. Aunque muchos ya no están en condiciones para velar por sus intereses debido a su elevada edad e incluso cientos han fallecido, ahora son sus deudos los que pugnan para que el conflicto se resuelva y su entonces representante sindical ofrezca cuentas de qué fue lo que pasó con el dinero que debieron recibir.

Son cuatro documentos específicos en los que la firma de Napoleón Gómez Urrutia se constituye en representación de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y que ahora integran el expediente del juicio laboral que enfrenta Napito, debido a que “no estaba facultado jurídicamente” para representar a quienes ya no eran mineros sindicalizados sino en retiro, según los quejosos.

ejecentral obtuvo copia de dichos documentos por parte de los mineros integrantes de la Comisión de Reclamantes del 5% y de los 55 millones de dólares de los mineros de Cananea, quienes sostiene que desde que Andrés Manuel López Obrador resultó presidente electo han buscado audiencia con él, a fin de que interceda en el esclarecimiento del destino de los recursos que “por justicia” deben recibir los trabajadores, tras un juicio de 12 años, sin que hayan podido aterrizar nada.

“Tenemos estos cuatro documentos donde Napoleón (Gómez Urrutia) firma por nosotros, y por eso interponemos la denuncia penal en su contra, porque firma por nosotros cuando no podía hacerlo, porque ya no éramos miembros del sindicato, ya éramos mineros retirados, no podía representar a los más de dos mil trabajadores”, advirtió Sergio Vázquez Villarreal, miembro de la Comisión Especial de reclamantes, que el 22 de enero interpusieron una denuncia contra el senador ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además de estas cuatro documentaciones en las se evidencian, según su denuncia, las anomalías que el propio líder sindical procuró y avaló en el manejo del fideicomiso 9645-2, al cual fueron transferidos los recursos de la venta de la minera, los trabajadores retirados cuentan con dos laudos a su favor.

Uno emitido en 2012, el último del 18 de abril de 2018, en el que se condena a Gómez Urrutia (como representante sindical) de pagarles los 55 millones de dólares; no obstante, “la garantía de audiencia se afecta por lo amparos” que solicita el legislador. Actualmente, Gómez Urrutia está amparado ante el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Ciudad de México.

Las pruebas

Si bien la acusación de los mineros jubilados indica per se la falta en la que incurrió Gómez Urrutia —quien se autoexilió por 12 años en Canadá al considerarse “perseguido político”— al haber firmado como representante, incluso desde 2005, cuando a los trabajadores se les pagó parcialmente (alrededor de ocho millones de dólares) de la indemnización, éstos ya no eran parte del sindicato; Gómez Urrutia seguía “representándolos”, pero sin hacerlo legalmente.

Se trata, explican los representantes de la comisión de reclamantes, de los documentos que muestran el contrato donde se pacta el pago de 55 millones de dólares; la compraventa de las acciones de Cananea, donde Gómez Urrutia acepta se reduzca el monto de adquisición y que únicamente se le pague el 1.5% de las acciones de la minera, las cuales recibió en 2004; así como los instrumentos referentes a la modificación y posterior extinción del fideicomiso 9645-2, creado desde 14 de noviembre de 1988 con la venta de la minera Mexicana de Cobre a Grupo México; y al que en 2004 fue asignado Mexicana de Cananea; fue en 1989 cuando se declara su quiebra y termina adquiriendo Grupo México en agosto de 1990, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

“Metimos demandas laborales y han salido a nuestro favor y en contra del sindicato y de Napoleón, pero absuelven a la empresa y en estos documentos se especifica, por ejemplo, que Napoleón estuvo de acuerdo en que se redujera de 5 al 1.5% de las acciones de Mexicana de Cananea”, reiteró.

En el contrato donde se estipula el pago de 55 millones de dólares, fechado el 22 de octubre de 2004, se indica que dicho pago debe acreditarse a 90 días naturales después de la firma de la compraventa de las acciones; en ese mismo documento se aclara la integración de Mexicana de Cananea como beneficiarios del pago acordado al otorgárseles facultades del fideicomiso 9645-2.

› En el contrato comparece Carlos María Abascal Carranza y Fernando Franco González Salas como secretario y subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, respectivamente, en el sexenio de Vicente Fox; Napoleón Gómez Urrutia firma como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y Juan Linares Montufar como presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia del sindicato minero.

Fechado al 26 de octubre de 2004, el actual senador avaló el convenio modificatorio del contrato del fideicomiso original entre el sindicato minero, representado por él mismo, y el banco Scotiabank, como institución fiduciaria de dicho fideicomiso, firmado en la capital del país cinco días después del contrato que antecede la modificación.

En esta modificación que establece, según la decisión del comité técnico del fideicomiso, se dieron “instrucciones expresas e irrevocables al banco fiduciario (Scotiabank) para modificar el contrato del fideicomiso en la forma y términos que se establecieron en dicho convenio, se erige a Napoleón Gómez Urrutia como el representante en “plenas facultades” tanto del sindicato fideicomitente como de los trabajadores fideicomisarios.

El documento señala que en cuanto se cuente con “la disposición de los recursos líquidos” (55 millones de dólares) derivados de la venta de las acciones de Mexicana de Cobre, Mexicana de Cananea, Industrial Minera México y Minerales Metálicos del Norte, se proceda “en forma, tiempo y montos que le instruya el Comité Técnico a distribuirlos entre los miembros agremiados del Sindicato Fideicomitente”, es decir que se entregue el dinero a los trabajadores.

Sin embargo, el mismo convenio establece que dicho Sindicato Fideicomitente, representado por Gómez Urrutia, tiene la facultad de designar o remover “libremente” a los integrantes del Comité Técnico, el cual establece su constitución en el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuyos miembros propietarios y sus respectivos suplentes deben ser nombrados por el mismo sindicato. Es decir, Napito se adjudicó una suerte de juez y parte para las decisiones que tanto el fideicomitente como los fideicomisarios tomaran bajo la representación de una misma persona: él.

En el convenio de la compraventa de las acciones de Mexicana de Cananea, firmado el 27 de octubre de 2004, en la Ciudad de México, la compañía de Germán Larrea Mota acordó con Napoleón Gómez Urrutia, vender 3,043,170 de las acciones de Cananea, equivalentes al 1.5% del capital total de la empresa a la fecha de firma del convenio.

En la cláusula del documento referente a la transferencia de acciones de Cananea a Minera México se estipula un valor de 16 millones 677 mil 706 dólares.

A manera de garantía del pago de las empresas compradoras al fideicomiso vendedor, señala el artículo cuarto de dicho convenio, que la parte compradora (Grupo México) debe acreditar dos pagares, uno por la cantidad 47 millones 362 mil pesos 918 dólares, y otro por 7 millones 637 mil 82 dólares, ambos con vencimiento al 24 de enero de 2005, emitidos al Grupo Financiero Scotiabank, en su calidad de fiduciario.

No obstante con dichas modificaciones y acuerdos, el propio líder sindical acuerda para febrero de 2005 el convenio de extinción total del fideicomiso número 10964526 (antes 9645-2), pese a tener una naturaleza de irrevocable, en el documento Goméz Urrutia se ostenta como representante del sindicato, como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, presidente del Comité Técnico de dicho fideicomiso, y representante de los trabajadores sindicalizados de las mineras: Mexicana de Cobre, Mexicana de Cananea, Industrial Minera México; y Minerales Metálicos del Norte.

En el fideicomiso que se remonta a noviembre de 1988; el comité técnico del fideicomiso determinó en su sesión del 22 de febrero de 2005 girar la instrucción al fiduciario, en este caso el banco Scotiabank Inverlat proceder a la extinción del mismo, luego de que, según se establece en la cláusula cuarta de dicho acuerdo que el sindicato recibió “el patrimonio total del fideicomiso”, cantidad que asciende a los 54 millones 84 mil 470 dólares; asimismo, se autoriza, por parte de su representante (Gómez Urrutia) a que el fiduciario cargue al fideicomiso la cantidad de 232 mil 915 pesos como parte de los honorarios pendientes de pago por la administración del mismo.

A la fecha, los beneficiarios originales de ese 3.5% restantes del 5% que se acordó que se entregarían en pago de la privatización de la mina sigue desconociéndose desde el manejo, así como el destino de esos recursos, los cuales fueron avalados, por lo menos en papel, por los propios trabajadores sindicalizados con el nombre y firma de Gómez Urrutia como su representante. Pese a que la mayoría de ellos ya se habían retirado del sindicato.

Sobre el legislador morenista quien, de acuerdo con lo publicado por este semanario en su edición del 31 de enero pasado, actualmente bajo investigación por el presunto desvío de al menos 3.2 millones de dólares provenientes de los 55 millones, a través de la conformación de empresas fantasmas y una red de personajes con un largo historial de fraudes, también pesan acusaciones sobre los estragos causados a causa de la “simulación de sus huelgas”.

GrafWEB

Prueba de fuego

Los extrabajadores de Cananea lo consideran así: “estamos hablando de gente muy mayor. Trabajadores enfermos, muy viejos ya, y muchos más que ya no pudieron continuar porque fallecieron a la espera de una solución; hay unas 300 viudas que siguen asistiendo a las reuniones en busca de justicia, muchos más que piden se agilice su pensión y la regulación de su seguro porque por estas huelgas a modo y sin sentido perdieron el servicio médico y todas las garantías por no haber cotizado en todo este tiempo”.

“Hay 300 viudas que siguen asistiendo a las reuniones en busca de justicia. por estas huelgas a modo y sin sentido perdieron el servicio médico y todas las garantías por no haber cotizado en todo este tiempo”.

Para los mineros en retiro el conflicto minero en Cananea sólo ha traído consigo “desempleo, desintegración familiar y violencia, causada en gran medida del choque violento que mantienen secciones (alrededor de 600 trabajadores) afines a Gómez Urrutia, quienes a costa de buscar la indemnización de parte de Grupo México fungen como golpeadores.

En dos ocasiones se ha buscado un acercamiento para solicitar la intervención del presidente López Obrador, aseguraron los quejosos. La primera vez fue el 18 de diciembre de 2018, cuando el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, escuchó sus demandas; la segunda, el 22 de enero pasado, cuando interpusieron una demanda en contra de Gómez Urrutia en la FGR, la cual están en el análisis para ratificarla; ese día funcionarios de la Secretaría del Trabajo les dijeron que analizarían su caso. A la fecha no han obtenido una respuesta concreta.

“Creemos que es una prueba de fuego del Presidente para que demuestre que sí hay un verdadero combate a la corrupción en su gobierno. Sólo le pedimos que siente a las partes involucradas para definir la responsabilidad de cada quien (…) Nosotros tenemos estas pruebas, pero ni el sindicato, ni él (Napoleón Gómez) se han querido sentar con nosotros para aclarar esto. Si no nos debe nada, si nosotros mentimos que nos lo aclare, le ofrecemos una disculpa pública y nos retiramos”.

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Fue el valor asignado a la transferencia de acciones de Cananea a Minera México que pactó Gómez Urrutia con Grupo México de Germán Larrea.

La denuncia contra Gómez Urrutia incluye documentos que muestran el contrato en el que se acordó el pago de 55 millones de dólares; la compraventa de las acciones de Cananea y la reducción del monto de adquisición del 5 al 1.5 por ciento.

Fuente: Eje Central

Publicado por Jonathan Nácar

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