La rebelión de la corte

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En su primera semana como representante del poder ejecutivo Andres Manuel López Obrador enfrentó la oposición del poder judicial a someterse a la nueva “ley de remuneraciones”, que bajaría los sueldos de los ministros y personal que percibieran salarios mayores a los del presidente de la República

Cabe recordar que esta fue una de las propuestas de campaña del presidente López Obrador y que como otras, incluido el combate a la corrupcion, tendrían como objetivo la conformación de un gobierno austero.

En este espacio comentamos que la Administración Pública sin ningún problema iba a acatar este nuevo ordenamiento; sin embargo, no iba a ser tan fácil con el poder legislativo incluso con mayoría de Morena ni mucho menos con el poder judicial, y organismos autónomos como el INE, INEGI, universidades públicas que tienen sueldos por arriba de estos 108 mil.

La oposición en el Senado de República presentó una acción de inconstitucionalidad a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, bajo el supuesto que violenta la división de poderes y la autonomía de organismos, y es que argumentan que ningún poder, en este caso el Ejecutivo, puede mandar sobre los otros poderes o vulnerar la autonomía de las instituciones.

La Suprema Corte de Justicia de Nación ordenó la suspensión de esta ley, en lo que discuten la acción que presentaron la oposición de los senadores, hecho que generó polémica, ya que al suspenderla también los jueces de la SCJN seguirán percibiendo sus estratosféricos salarios, con lo que se convertirían jueces y parte.

El primero que reaccionó al actuar de la Suprema Corte fue el mismo presidente, que los cuestionó “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y se olvidan de Juárez, deberían quitar el retrato del presidente Juárez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque él decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía; entonces, para qué tienen a Juárez ahí”

El proceso en la corte podría ampliarse hasta 6 meses para una definición; sin embargo, el poder legislativo que es mayoría de Morena es el encargado de la aprobación del presupuesto 2019 y es donde podría venir una reducción importante a estas instituciones.

La división de poderes es un elemento fundamental en un sistema federalista como el nuestro; sin embargo, el tema de los salarios que perciben los funcionarios públicos, genera polémica por el desconocimiento de las tareas que tiene cada poder. Es más, son los miembros del poder legislativo, de todos los partidos políticos, representados en la cámara de diputados y senadores, los que más han contribuido a esta percepción, de que sus salarios no tienen que ver con el grado de responsabilidad que asumen como representantes de un poder público. A esto se suma el debate sobre la importancia o no del fuero constitucional, pues la gente relaciona “inmunidad con impunidad”, por los altos grados de corrupcion, en los que se ha visto involucrada la clase política de mayor jerarquía en nuestro país, siendo algunos gobernadores los más representativos. No digamos, la opinión negativa que guarda el desempeño de los organismos de justicia de nuestro país en sus diferentes niveles.

El debate sobre las remuneraciones de los servidores públicos seguramente tomará gran parte de la atención pública en los días por venir. Es un tema que debería empezar a discutirse desde la perspectiva social más que convertirse en un debate coyuntural.

Ya veremos como el poder legislativo el que representa legal y legítimamente el interés popular, impone sus criterios de austeridad, ante un poder que sin duda juega un rol fundamental en lo que debería ser un sistema de “pesos y contrapesos” entre poderes de la federación. El problema es cuando estos asuntos se contaminan con los intereses partidistas.

Ojalá de toda esta discusión, salga fortalecido el federalismo mexicano, que también está en duda, por el rol marginal que juegan los estados y municipios.

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