Paz con desarrollo, la estrategia de AMLO

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No cabe duda de que uno de los más grandes problemas que aqueja al país es la inseguridad que se ha incrementado desde inicios del año 2000 principalmente por la disputa de territorios para traficar con drogas por distintos grupos criminales. El alza se ha visto en todo el país, afectando a todos los sectores de la población, por lo que debe ser junto con el de el desarrollo económico los principales temas en la agenda del próximo gobierno federal.

La semana pasada el presidente electo presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad con el cual pretende dar una respuesta al problema de la inseguridad en el país. Está compuesto por ocho ejes, de los cuales ya habíamos escuchado durante la campaña, incluyendo aquellos polémicos como el de la amnistía.

La propuesta esta basada en erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo y bienestar para reducir la pobreza y la marginación; garantizar el respeto y promoción de derechos humanos; regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral para mejorar la relación en lo individual y colectivo; reformular el combate a las drogas, y reorientar los recursos para aplicarlos en reinserción y desintoxicación; se busca emprender la construcción de la paz aumentando modelos de justicia que garanticen los derechos de las víctimas con base en cuatro ejes de justicia transicional: verdad, justicia, reparación del daño, y garantía de no repetición de los crímenes; recuperación del control de las cárceles y su dignificación, así como planes para la reinserción social; nuevo plan de seguridad pública para lograr la construcción de una cultura de paz de la mano de instituciones y población.

La propuesta ha generado posiciones encontradas entre aquellos que ven en este Plan una oportunidad para el gobierno federal de concentrar la fuerza legítima del Estado; mientras que otros le apuestan y ven de forma positiva las modificaciones al marco legal de los cuerpos de seguridad.

Y es que el plan no sólo se enfoca en acciones correctivas como se había planteado en administraciones anteriores, sino también va por las preventivas como el desarrollo social y económico para evitar que la gente delinca o como las de reinserción social para aquellos que quieren ser productivos y no estén estigmatizados y el único camino que encuentren para el sostenimiento de su familia sea el crimen nuevamente.

Los empresarios como Gustavo de Hoyos presidente de la COPARMEX manifestó: “El rediseño de las instituciones de seguridad es impostergable en México. Coincidimos con @lopezobrador_ y @AlfonsoDurazo en la necesidad de que las fuerzas castrenses sigan apoyando, con un marco legal adecuado, en la de seguridad pública”

La prioridad para el sector empresarial es la seguridad sobre la economía y es que no puede haber inversión en un Estado fallido y controlado por grupos criminales, donde el pequeño empresario tenga que vivir con la zozobra de una extorsión.

El reto para el poder legislativo es conjugar seguridad y el uso de la fuerza legítima del Estado y la garantía de los derechos humanos. El fracaso y la inconstitucionalidad de la ley de seguridad interior debe servir de muestra.

Mientras tanto hay que darle el benéfico de la duda a la estrategia del presidente electo.

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