AICM o Comunicación Incluyente

0
96

La continuidad de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México generó polémica desde su anuncio en el período de gobierno de Enrique Peña Nieto. Dos aspectos fundamentaron las principales críticas, la ubicación por su cercanía al lago de Texcoco y los posibles daños ambientales que devendrían y  el costo exorbitante de 13 mil millones de dólares.

Como era de esperarse se convirtió en un tema de campaña y el actual presidente electo anuncio que de llegar a la presidencia cancelaría el proyecto. Al dia de hoy se ha modificado el discurso y ha manifestado que se revisarán los contratos y que se realizará una consulta popular para conocer la opinión de  la sociedad, con lo que se llegará a una definición sobre su viabilidad.

Se habla que sería en septiembre la realización de una consulta a toda la población, pero para que esta sea vinculante, deberá ser propuesta por el ejecutivo o 33% de los legisladores, contar con mínimo un 40% de participación del padrón y que sea realizada por el Instituto Nacional Electoral, por lo que tendría que considerarse la legalidad de la consulta en caso de no cumplir con estas características.

La opinión sobe la construcción del nuevo aeropuerto se ha dividido entre quienes defienden la inversión que ya se encuentra al 31% de avance, argumenando, que saldría más caro cancelar el proyecto que continuarlo y quienes apoyan al presidente electo para modificar dicho proyecto. La propuesta de AMLO es ampliar la base militar Santa Lucia.

La continuidad de la construcción del nuevo aeropuerto, se ve limitada, sobre todo, por la percepción de corrupción que envuelve a la administración de EPN, por lo que lo más sano sería la revisión profunda sobre los contratos, contratistas y materiales, para que una vez que se eliminen las sospechas de corrupción se realicen nuevos y sobre todo confiables estudios, que tomen en cuenta muy en serio el impacto ambiental que tendría la edificación de la obra sobre el hábitat natural de esa zona.

No es sólo un tema de cuánto se ha gastado hasta la fecha, sino del costo histórico que puede tener por sus implicaciones ecológicas y el daño que podría ser irreparable. Hay que liberar un proyecto tan costoso como necesario de cualquier sospecha.

El próximo gobierno está obligado a tener en cuenta estos aspectos antes de tomar una decisión que va a heredar del gobierno de Peña Nieto. La decisión no será fácil por los intereses económicos que se encuentran en juego. Pero también, derivado del estudio de caso, se podrán encontrar las salidas técnicas y económicas que faciliten la toma de decisiones al respecto.

Las alternativas existen y pueden ser entre otras: continuar con el proyecto con ajustes en lo ecológico y eliminando los sobrecostos; suspender el proyecto original y aprovechar lo realizado para una segunda opción que sería complementaria y sin desperdiciar la inversión realizada hasta el momento; o en su caso, fortalecer aeropuertos alternos como Toluca, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Veracruz y Mérida complementandolos con otros medios alternativos de comunicación como trenes y carreteras, similares al tren de Toluca o el proyecto transpeninsular que anunció el presidente electo en el sureste del país.

También es necesario un estudio de logística que permita un eficiente uso y modernización de los aeropuertos existentes y la creación de otros nuevos, que permita la conectividad de las diferentes regiones del país y que incluya un plan de cobertura de la demanda nacional e internacional en vuelos. Lo cierto es que no podemos ni debemos seguir centralizando la estrategia de comunicación del país.

Debemos responder a una demanda real de movilidad y no sólo a los intereses en juego de aerolíneas y grupos empresariales, que ven en el nuevo aeropuerto de la CDMX la facilidad de hacer negocio con la menor inversión.

Estamos a tiempo de acabar con los intereses creados en el proyecto del nuevo aeropuerto,por empresas, sindicatos y funcionarios públicos, lo que es un secreto a voces, y con lo cual se estará mandando también, un mensaje de cero tolerancia a la corrupción en los proyectos públicos,a la vez de proponer una política de desarrollo regional que responda a una estrategia de comunicación eficiente e incluyente. Parece sencillo, pero en esta decisión, la nueva gestión tiene la oportunidad de resolver un problema real y a su vez “ponerle el cascabel al gato” en el tema de transparencia y combate a la corrupción.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here