Pide ONU reabrir indagatoria en Puebla por violaciones a Cacho

El gobierno poblano, a cargo de Mario Marín en 2005, acusó indebidamente de difamación y torturó a la periodista, según resolvió el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

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El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el gobierno mexicano y las autoridades en Puebla violaron las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al detenerla arbitrariamente en diciembre de 2005, por lo que demandó la reparación integral del daño y reabrir las investigaciones.

El organismo internacional dictaminó que la detención en contra de la comunicadora hace 13 años no tuvo justificación y sí obedeció a la publicación del libro “Los demonios del Edén” que involucró a empresarios como Kamel Nacif, en una red de pornografía infantil.

Al presentar la resolución este jueves en una conferencia de prensa, integrantes de la agrupación civil Artículo 19, así como representantes de la ONU, condenaron la actuación del Estado mexicano, por perseguir y torturar a los periodistas y defensores de los derechos humanos.

Los activistas reprobaron al exgobernador Mario Marín y al Poder Judicial de Puebla, a quienes señalaron de utilizar la estructura de gobierno para proteger a funcionarios y no para ofrecer justicia a las víctimas.

 

Dictaminan a favor de la periodista

La resolución del comité de la ONU ocurre después de que en octubre de 2014, Cacho acudió al organismo con sede en Ginebra, Suiza, para solicitar que su caso fuera atraído ante la falta de justicia que acusó de las autoridades mexicanas.

Leopoldo Maldonado, abogado especialista en derechos humanos y representante de Artículo 19, explicó que el organismo resolvió que la aprehensión de la periodista no era legalmente necesaria y sí tuvo carácter punitivo y arbitrario.

La detención se dio en Cancún, Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2015, a raíz de una denuncia que Kamel Nacif presentó en contra de Cacho por el presunto delito de difamación. Posteriormente, la comunicadora fue traslada a Puebla por instrucción del gobierno estatal, en ese entonces, a cargo de Mario Marín, y permaneció en los separos por 20 horas, hasta pagar una fianza por seis mil dólares.

El comité de la ONU indicó que durante ese lapso, la periodista sí sufrió tortura, además de que “hubo violaciones por discriminación de género durante su traslado de Cancún a Puebla.

Aunado a lo anterior, los expertos resolvieron que el Estado mexicano mantiene un patrón sistemático de vulneración de los derechos humanos de las mujeres bajo custodia de sus agentes, además de acusar el uso del “aparto de justicia” –el Poder Judicial– para perseguir libertad de expresión.

 

Eliminar los delitos de difamación y calumnia

De acuerdo con Jan Jarab, representante de la ONU en México, las autoridades en México están obligadas a eliminar los delitos de difamación y calumnia de sus códigos penales, ya que actualmente ocho estados aún cuentan con esa figura.

Por otra parte, Lydia Cacho señaló que al solicitar a las autoridades mexicanas que se ofrezca justicia hacia su persona, estás deberán reabrir las investigaciones y sancionar a los responsables.

Explicó que aunque uno de los dos agentes de Puebla acusados de torturarla, ya fue sentenciado en octubre de 2017, el otro se encuentra trabajando en la administración estatal poblana.

Cacho sentenció que con el resolutivo se demuestra que los periodistas en México corren el riesgo de ser hasta privados de la vida por tratar de documentar la realidad del país. “Somos sobrevivientes”, dijo.

En ello coincidió el representante de la ONU, quien alertó sobre el peligro que hay en el país para desempeñarse como comunicador. “Hay que decirlo: en este país corren riesgo defensores de derechos humanos y periodistas”, acotó.

econsulta.com

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