El borrador del proyecto anticorrupción que AMLO presentará ante el Congreso

Delineó 50 medidas a favor de la transparencia. La intervención de la ONU. Un gran recorte a la burocracia.

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“El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. Esto se lee en el artículo 108 de la Constitución, mediante el cual el titular del Ejecutivo federal se protegía de cualquier cacería judicial en su contra. Tal parece que las cosas van a cambiar.

O de menos, se intentará. Ayer Andrés Manuel López Obrador habló de los lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, agrandes rasgos. Sin embargo, LPO tuvo acceso exclusivo al listado de 50 puntos del borrador con el que podrían trabajar los legisladores del Congreso.

Los tres primeros puntos pasan por reformar la ley orgánica y el artículo 108 de la Constitución, y la suspensión de fueros y privilegios para funcionarios públicos, mientras que en el cuarto se aborda la autonomía de la Fiscalía General de la República, la cual “no recibirá consigna alguna de la Presidencia de la República”.

En el quinto punto, López Obrador estableció que “la Fiscalía Electoral garantizará que las elecciones sean limpias y libres, prevendrá, investigará y sancionará la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes públicos para favorecer a partidos o candidatos y perseguirá cualquier tipo de fraude electoral”. Una deuda histórica con su electorado que la alternancia democrática no resolvió.

La Fiscalía Electoral garantizará que las elecciones sean limpias y libres, prevendrá, investigará y sancionará la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes públicos para favorecer a partidos o candidatos y perseguirá cualquier tipo de fraude electoral.

El sexto se refiere a la constitución de la Fiscalía Anti-Corrupción, en tanto que el séptimo versa sobre el patrimonio de todo funcionario. Salvo por el número 24 (en el que AMLO definió su ya clásico: “Serán canceladas las pensiones a los expresidentes de la República”); del octavo al punto 27 se detallan, cargo a cargo, secretaría a secretaría, las polémicas reducciones a la burocracia (sueldos, gastos médicos privados, guardaespaldas, aviones y flotilla privada). “Se conservarán únicamente los vehículos aéreos destinados a la seguridad de protección civil y las ambulancias aéreas”, se lee en el texto.

En lo que se respecta al punto 28, el presidente electo hizo un guiño a presuntos vicios de ex mandatarios federales: “No se podrá asistir al trabajo en estado de ebriedad ni ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas”.

“Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno”, aclara el listado 29, mientras que el número 30 prohíbe “a los funcionarios de Hacienda, de comunicaciones, de Energía y de otras áreas, que convivan en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública”.

Siguiendo, del punto 31 al 36, regulan la conducta personal de los funcionarios federales, quienes no podrán ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado, ni cerrar calles o detener el tráfico, ni comprar mobiliario ni remodelar su oficinas, y las policías y los militares “no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación”.

El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional, refiere el siguiente punto, como lo había anunciado ya. Igualmente, se dijo antes que Los Pinos se convertirá en espacio para el arte y la cultura. Además de confirmar en el pun 50, la revisión de contratos de la Reforma Energética.

En las relaciones comerciales con empresas internacionales se dará preferencia a las originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen los sobornos o la corrupción.

“Se cancelará toda labor de espionaje y de intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas. El sistema de inteligencia del gobierno estará exclusivamente dedicado a la prevención de delitos, al combate a la delincuencia y a la preservación de la seguridad nacional”, se enlista en punto 40.

En el resto del numeral, Andrés Manuel insiste en medidas contra la corrupción y a favor de la transparencia, con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU, por ejemplo. Mientras que en el punto 49 consolida su visión nacionalista.

“En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a las originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen de manera consistente las prácticas de sobornos o de corrupción”, se lee el borrador.

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