Ambigüedades en la Ley de Seguridad Interior

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El día 21 de diciembre de 2017, se publicó la Ley de Seguridad Interior que de manera urgente se había aprobado por ambas cámaras con muchas críticas de los organismos internacionales de derechos humanos, así como de las organizaciones de la sociedad civil mexicana.

Como antecedentes de esta ley en el año 2006 el Presidente Felipe Calderón prácticamente iniciaba una guerra en contra de la delincuencia organizada, cuando en 2012 el gobierno de Peña Nieto tomó posesión, la retórica gubernamental iba en el sentido de no seguir las políticas de seguridad de su antecesor.

En los seis años del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, se vio envuelto en un sinfín de escándalos de corrupción desde la “casa blanca” hasta situaciones serias como Ayotzinapan donde 43 normalistas desaparecieron y no han sido hallados, pasando por la fuga de “El Chapo Guzmán” y su recaptura, con un descredito muy grande a la figura presidencial y a la persona misma.

En un ambiente de constante aumento de la incidencia delictiva aún en Estados que otrora era menor e incluso desconocida, violencia desmedida a nivel nacional, y la presión de legitimar la actuación de las fuerzas armadas en las calles.

Solo que aquí nos encontramos que las fuerzas armadas ya tenían un marco jurídico en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero aun así se aprobó esta nueva ley de seguridad interior.

Esta pretende ser la primera de una serie de opiniones a la mencionada ley, empezare con algunos de los problemas que se encuentran en dicha ley que son los siguientes, en primer término no está claro el fundamento con el que se expidió la ley veamos porqué:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia.

Los dos artículos invocados en el artículo 1º de la Ley, no facultan a ninguno de los dos poderes a expedirla, en dado caso sería en temas de seguridad nacional, que no es lo mismo que seguridad interior, son dos conceptos diferentes, ahora bien el término seguridad nacional se repite 19 veces en la ley.

Si el artículo 1º carece de sentido por lo ya expuesto, el segundo es un verdadero galimatías veamos:

Artículo 2. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.

Señala: la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional si se analiza a detalle esta parte se está hablando de un estado de excepción, la pregunta aquí es ¿porque bautizarla como Ley de seguridad interior y no como Ley reglamentaria del artículo 29 Constitucional?.

Señala el respeto a los derechos humanos, pero en toda la ley no dice cómo hacerlo, ahora bien en la primera parte del artículo se refiere al gobierno federal, eso es preocupante porque teóricamente está ley fue concebida para enfrentar a la delincuencia organizada, con esta redacción podemos llegar a dos conclusiones, la primera sería ¿acaso el gobierno federal tiene información de que la delincuencia organizada tiene el poderío de ataque suficiente para desestabilizar a las instituciones o a todo el gobierno? O la segunda hipótesis sería ¿el gobierno federal tiene datos suficientes para presuponer una revolución?.

La segunda parte pareciera que se refiere a la afamada coordinación en materia de seguridad pública, pero tampoco lo es, ya que habla de seguridad nacional, analizando eso, se entendería que por ejemplo si la delincuencia organizada llegase a tomar una presidencia municipal, ¿ya se estaría en una situación de riesgo de la soberanía nacional?, suponiendo que tomaran el gobierno de un Estado (en caso de privar de la libertad al gobernador, a los diputados locales y a los magistrados del lugar, ¿ya estaría peligrando la seguridad nacional?.

Al referirse a gobernabilidad democrática, en general se está tocando un tema muy confuso, porque la democracia reside en el pueblo, no en el gobierno federal, tampoco en el Presidente de la República, es muy egocentrista eso, y más aún cuando la Constitución contempla procedimientos en caso de ausencia del Presidente.

En las siguientes semanas estaré analizando los siguientes artículos y comentando la obscuridad de la Ley.

Considere Usted.

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